La sombra del crimen organizado: Empresas de seguridad mexicanas utilizadas para la evasión fiscal y el pago de impuestos por ‘cripto’ a redes delictivas

En la Ciudad de México, se han revelado alarmantes niveles de corrupción en el sector de seguridad, tanto público como privado. Según datos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), hasta 86.7% de los casos registrados presentan indicios de corrupción, lo que agrava la impunidad y limita el acceso a la justicia. Esta situación no solo es preocupante desde un punto de vista ético, sino que también tiene implicaciones importantes en términos de estabilidad política y económica.

La corrupción en el sector de seguridad se financia, en gran medida, con los impuestos pagados por los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, esta “renta” ilícita es utilizada para perpetuar la inestabilidad política y económica del país, lo que puede llevar a situaciones como asesinatos de políticos o la infiltración en gobiernos corruptos.

El caso del “huachicol” fiscal es paradigmático. En este sentido, se han documentado casos en los que funcionarios públicos han sido coaccionados o comprados para proteger actividades ilícitas relacionadas con la venta ilegal de combustible. Además, las investigaciones han revelado que grupos criminales han infiltrado empresas estatales y privadas, como Odebrecht y Segalmex, y han utilizado su influencia para obtener beneficios materiales y políticos.

La falta de una ley secundaria para regular a los actores clave en el sector de seguridad ha permitido que la corrupción siga prosperando. A pesar de los esfuerzos del SNA por detectar y sancionar a aquellos involucrados, la cultura de impunidad sigue siendo un desafío importante.

La falta de acceso a la justicia también es un problema grave. Los ciudadanos mexicanos